Los alcaldes y alcaldesas de Alcalá de Henares, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles y Parla apoyamos las medidas adoptadas en el Consejo Interterritorial de Sanidad a propuesta del Gobierno de España con la convicción de que cuanto antes se tomen medidas serán más efectivas y evitarán adoptar otras más drásticas en el futuro.
Es muy positivo constatar que por fin existen criterios objetivos que justifican y dan sentido a las actuaciones a desarrollar en nuestras ciudades. Nunca han existido tales criterios objetivos en las restricciones impuestas por la Comunidad de Madrid en función de las zonas básicas de salud, lo que ha provocado falta de equidad y tensiones entre vecinos y vecinas de un mismo municipio.
Es positivo además que estos criterios sean de ámbito estatal, aplicables para todas las ciudades de más de 100.000 habitantes, ya que esta pandemia no entiende de fronteras administrativas.
La actitud de desobediencia frente la normativa adoptada en el Consejo Interterritorial adoptada por la Comunidad de Madrid nos sitúa frente a un grave problema de gestión de la crisis desde un punto de vista social y de convivencia, con vecinos y vecinas confundidos entre lo que establecerá el Gobierno de la Nación y será ejecutado por la Policía Municipal, Policía Nacional y Guardia Civil frente a la “desobediencia” proclamada por las autoridades autonómicas.
Somos ciudades de más de 100.000 habitantes, pero existen índices de contagio acumulados de la misma magnitud e incluso superior en ciudades de tamaño medio con más de 50.000 habitantes (como, por ejemplo, Collado Villalba con un índice de contagio de 783 y el 88% de las UCI ocupadas).
La Comunidad de Madrid debería ser responsable y aplicar las mismas medidas en esos municipios, tal y como se acordó en el Consejo Interterritorial de Sanidad. De hecho, alcaldes y alcaldesas de municipios menores a 100.000 habitantes ya lo están solicitando públicamente.
La ciudad de Madrid es realmente donde el problema presenta una mayor magnitud; por ello es necesario adoptar las medidas en todo su conjunto. En primer lugar, para proteger la salud de los propios vecinos y vecinas de la ciudad de Madrid, pero también para proteger al resto de habitantes de la Comunidad. Los vínculos familiares con la capital y la existencia de segundas residencias generan flujos muy elevados de población con los pueblos y ciudades de la Comunidad.
No se entiende el empeño en mantener las restricciones por zonas de salud para excluir a unos pocos distritos que en un futuro alcanzarán valores semejantes a los confinados si no se actúa con mayor contundencia.
Las medidas adoptadas por el Consejo Interterritorial de Sanidad sirven para anteponer como valor fundamental la salud pública ante los terribles efectos de la COVID-19, pero también sirven para defender la economía, ya que, si se sigue expandiendo el virus en nuestra Comunidad, se van a bloquear finalmente todos y cada uno de los sectores económicos y no solo los que por desgracia sufren un mayor impacto por estas medidas como pueden ser los relacionados con la cultura, el turismo y el ocio.
En nuestros ayuntamientos, hemos ayudado a los emprendedores y a las pymes con fondos municipales, cada uno en la medida de sus posibilidades, sin que exista ningún programa regional de apoyo coherente y coordinado hacia las empresas y emprendedores de los sectores económicos más afectados.
Instamos por ello a la Comunidad de Madrid a que sea solidaria en el esfuerzo y colabore también con el sostenimiento económico de los sectores económicos perjudicados en nuestros municipios y exigimos la creación de un fondo de ‘Apoyo frente a la COVID-19’ para los ayuntamientos. Recordamos que desde el Gobierno de España se ha destinado a la Comunidad de Madrid un fondo COVID-19 por un importe total de 3.416 millones de euros.
Hay que subrayar que se ha llegado a este punto (en el que la Comunidad de Madrid suma más del 40% de los nuevos contagiados en España) por la absoluta incapacidad e irresponsabilidad del Gobierno de Díaz Ayuso frente a la pandemia, un Gobierno enredado en una sucesión de contradicciones entre sus miembros, con continuos anuncios improvisados e incumplidos de manera sistemática (rastreadores, PCR para los escolares, contratación de docentes y personal sanitario), sin diálogo con los municipios y que ha buscado siempre una continua confrontación con el Gobierno de España.
La lealtad institucional no solo se predica, sino que se practica, así lo hemos hecho en todos y cada uno de los ayuntamientos que representamos, acatando siempre las medidas dictadas por el Gobierno Regional a pesar de no haber sido consultados ni, en muchas ocasiones, compartirlas. La “desobediencia” como se ha demostrado en otras latitudes de España no es un buen camino para ningún gobierno responsable.